Romel Arévalo V. 31/05/2025. Quito
Los seguros sociales cubren contingencias relacionadas con enfermedad, accidentes de trabajo y vejez. Tanto las contingencias de enfermedad y accidentes de trabajo son cubiertas por seguros especializados cuyo funcionamiento es igual a cualquier seguro privado, los cotizantes pagan una prima y reciben atenciones médicas cuando requieren. Al hablar de sistemas de financiamiento, nos referimos fundamentalmente a los seguros que pagan pensiones vitalicias a sus cotizantes, es decir los seguros de invalidez, vejez y muerte. Es también cierto que, los seguros sociales eventualmente brindan cobertura temporal en caso de pérdida de empleo del cotizante, para lo que mantienen reservas capitalizadas individualmente, administradas bajo un esquema de caja común o una combinación de dos.
Los sistemas de pensiones pueden clasificarse en primer lugar, en dos grandes grupos: sistemas contributivos, financiadas con cotizaciones de los asegurados; y, sistemas no contributivos, financiadas a través de la recaudación tributaria general, o en todo caso responsabilidad indelegable del Estado (DE LA TORRE & HEINZ, 2018, pág. 10). Dentro de los sistemas contributivos pueden distinguirse sistemas de capitalización individual, sistemas de reparto y sistemas combinan ambas características, denominados sistemas de financiamiento mixto. En blogs posteriores evaluaremos la situación financiera del seguro social ecuatoriano. Siendo necesario describir en este apartado, las bases teóricas que soportan el funcionamiento de los seguros sociales contemporáneos.
En palabras de (GIRALDO, 2012, pág. 13), bajo un sistema de financiamiento de pensiones de reparto (PAYG-BD)[1], los fondos son administrados mediante un esquema de caja común y se tienen beneficios ya definidos, en lugar de ser una cantidad que depende del ahorro y los rendimientos de los aportes de los cotizantes. En la mayoría de los casos, el beneficio definido es igual a la prima media más un adicional dependiente los aportes específicos del pensionista, en otros simplemente se adopta la prima media. Asimismo, existen sistemas que mantienen una prima media escalonada a través del tiempo con el fin de compensar el desfase entre gastos e ingresos provocados por el envejecimiento natural de la población y los ciclos económicos cambiantes a los cuales está expuesto el modelo.
A partir de la década de los 90, se incorporaron una ola de reformas a la seguridad social en gran parte de América Latina. Evidentemente, impulsadas por la icónica reforma al sistema de pensiones chileno en 1981, al convertirse en el primer país con un sistema de pensiones netamente de capitalización individual. Las reformas promovieron el papel del ahorro individual para la jubilación a través del sistema CI-CD[2] (DE LA TORRE & HEINZ, 2018, pág. 9). Bajo este esquema de financiamiento las cotizaciones son administradas de manera privada y pertenecen exclusivamente al aportante. El principal problema que presenta este modelo es que tiene dificultades para generar pensiones adecuadas, entre otras cosas por una acumulación insuficiente de ahorros durante la vida laboral (DE LA TORRE & HEINZ, 2018, pág. 13).
Respecto al sistema mixto de pensiones, se refiere a la combinación de los modelos PAYG-BD y CI-CD. En muchos casos el sistema mixto es adoptado para administrar la transición desde sistemas PAYG-BD a CI-CD. En tres de los países más grandes de Latinoamérica (Argentina, Brasil y Venezuela) el sistema PAYG-BD es el dominante. En Colombia, México y Perú compiten ambos sistemas de pensiones por la misma población, siendo el cotizante quien decide a cuál afiliarse. A su vez, en Costa Rica, Panamá y Uruguay ambos sistemas se complementan al momento de financiar las pensiones. Y, en Bolivia, Chile, República Dominicana y El Salvador el sistema CI-CD es el dominante (DE LA TORRE & HEINZ, 2018, pág. 12). En el caso ecuatoriano se intentó emprender un régimen de transición, pero nunca se aplicó y vivimos estancados en un sistema de reparto puro.
El talón de Aquiles de los sistemas de reparto es la amenaza de inviabilidad fiscal. Estos sistemas son vulnerables a caer en una trampa de inconsistencia temporal. Situación en la cual los políticos de vista corta, expanden las promesas pensionales (por ejemplo: incrementando el monto de las pensiones, acortando el número de años de contribución para calificar a una pensión y reduciendo la edad mínima de jubilación) sin expandir las contribuciones. Medidas antitécnicas, pero políticamente redituables amplían el déficit actuarial del sistema y las nefastas consecuencias son traspasadas a los gobiernos futuros. Este problema se agrava terriblemente cuando el déficit actuarial no se ha materializado todavía y el sistema arroja superávits de caja, pese a estar en condición de insolvencia (DE LA TORRE & HEINZ, 2018, pág. 8).
Además de la bomba de tiempo fiscal que representan los sistemas PAYG-BD, estos se encuentran expuestos en gran medida a la estructura demográfica de la población. Conforme a la maduración demográfica natural, el avance de la medicina y la mejora en las condiciones de vida, las poblaciones tienden vivir más años y a tener menos hijos, con lo que el número de pensionistas se incrementa ostensiblemente y la cantidad de cotizantes se reduce en gran medida. Así también, los ciclos económicos tienen notoria influencia en un sistema de reparto, puesto que el nivel de empleo y consecuentemente la masa salarial cotizante está expuesta a las contracciones y expansiones macroeconómicas, siendo la reserva del sistema la única herramienta para contrarrestar y financiar tales efectos.
Los sistemas CI-CD por su parte, introdujeron una innovación al priorizar el papel del ahorro del trabajador en la construcción de una pensión para su propia jubilación. Tal ahorro constituye un mecanismo de autoprotección, en contraste con un seguro, que es un mecanismo de mancomunación de riesgos. Los sistemas CI-CD son la mejor manera de enfrentar contingencias y riesgos de alta probabilidad y costo elevado, mientras un seguro funciona idealmente para cubrir riesgos de costo elevado y baja frecuencia. El riesgo de pérdida de ingreso debido al envejecimiento es uno de alta probabilidad, casi una certeza en la actualidad debido al notable incremento en la esperanza de vida registrado alrededor del mundo. Por lo tanto, es necesario financiarlo a través del ahorro personal (DE LA TORRE & HEINZ, 2018, pág. 16).
Tanto el sistema de pensiones PAYG-BD como el CI-CD tienen grandes retos y su estabilidad no sólo depende del diseño del sistema, sino también, y en gran medida, de la estructura y funcionamiento de los mercados laborales subyacentes. El principal problema es la baja cobertura, en ambos sistemas, agravado en países cuyos mercados laborales están afectados por un alto grado de informalidad, como el ecuatoriano (DE LA TORRE & HEINZ, 2018, pág. 13). Es por ello que las soluciones no deben buscarse únicamente con reformas a los sistemas de pensiones. La sostenibilidad de los sistemas sólo es posible en la medida en que los mercados laborales se formalicen y aumenten el ingreso percápita y los ingresos al sistema. No se trata de elevar el número de cotizantes ya que implicaría también un incremento en la cantidad de pensionistas.
[1] Pay As You Go – Benefit Defined.
[2] Capitalización Individual – Contribución Definida.
Referencias bibliográficas y electrónicas:
- BORJA, P. (2018). La descapitalización del IESS vs el derecho de los afiliados. Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones.
- BOWEN, A. (1992). Introducción a la Seguridad Social. Santiago.
- DE LA CUEVA, M. (1959). Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo I. México.
- DE LA TORRE, A., & HEINZ, R. (2018). El complejo estado de los sistemas de pensiones en América Latina. Working Papers UDLA, 9.
- GIRALDO, N. (2012). Modelos estocásticos para los sistemas pensionales de prestación definida y ahorro individual. Minicurso para el IX Coloquio Internacional de Estadística “Métodos Estadísticos Aplicados a Finanzas y Salud” (pág. 13). Medellín: Universidad Nacional de Colombia.
- LLANES, H. (2018). El IESS al borde del abismo. Quito.
- MONTOYA, M., & PORTILLA, L. (2009). Teoría económica clásica acercada a la realidad. Universidad Tecnológica de Pereira, 118.
- PEREZ, A., & DOMÍNGUEZ, S. (2012). El Concepto de Seguridad Social: Una aproximación a sus alcances y límites. Bogotá.
- PICARDI, M., & USECHE, J. (2006). Una nueva dimensión del Estado de Derecho: el Estado Social de Derecho. Provincia, 195.
- RUIZ, M. (2011). Políticas públicas en salud y su impacto en el seguro popular en Culiacán, Sinaloa, México. Culiacán.
